La doble traición de la Philips

Por Fidel Castro Ruz

Estados Unidos es el mayor propietario de patentes en el mundo. Ha robado cerebros de todos los países, desarrollados o en desarrollo, que realizan investigaciones en numerosas esferas, desde la producción de armas de exterminio masivo hasta las de medicamentos y equipos médicos. Por ello el bloqueo económico y tecnológico no es algo que sirva solo de pretexto para culpar al imperio por las dificultades propias.
La salud pública es uno de los campos en que nuestro país avanzó más, a pesar de que Estados Unidos sustrajo casi el 50 por ciento de los médicos graduados en la única universidad de Cuba, que ascendían a más de 5 000, muchos de los cuales carecían de empleo.
En esa área se escribió una de las más hermosas páginas de cooperación internacional de la Revolución Cubana, iniciada con el grupo de médicos que se envió a la recién independizada Argelia, hace casi medio siglo. Aquella política no cesó, y en ese campo tan humano nuestro país goza de reconocimiento universal.
Nadie suponga que fue tarea fácil. Estados Unidos hizo lo posible por evitarlo. Durante el tiempo transcurrido realizó el máximo esfuerzo por sabotearla. Aplicó contra Cuba todas las variantes posibles de su criminal bloqueo económico que, más adelante, en virtud de la Ley Helms Burton, adquirió carácter extraterritorial durante la administración de Bill Clinton.
Cuando el campo socialista se derrumbó, y meses después su principal baluarte, la Unión Soviética, se desintegra, Cuba decidió seguir luchando. Ya entonces nuestro pueblo había adquirido un alto nivel de conciencia y cultura política.
En 1992, Hugo Chávez dirige el levantamiento militar contra el gobierno oligárquico burgués del pacto de Punto Fijo, que durante más de tres décadas había saqueado a la patria de Bolívar. Sufre prisión como nosotros. Visita a Cuba en 1994 y años después, con pleno apoyo de su pueblo, alcanza la presidencia e inicia la Revolución Bolivariana.
El pueblo de Venezuela, igual que el de Cuba, tuvo que enfrentar pronto la hostilidad de Estados Unidos, que programó el golpe de Estado fascista del 2002, derrotado por el pueblo y los militares revolucionarios. Meses después sobrevino el golpe petrolero, que fue el momento más difícil, en el cual brillaron de nuevo el líder, el pueblo y los militares venezolanos. Chávez y Venezuela nos brindaron toda la solidaridad en pleno Período Especial, y nosotros les brindamos la nuestra.
Ya entonces nuestro país contaba con no menos de 60 mil médicos especializados, más de 150 mil maestros experimentados y un pueblo que había escrito brillantes páginas internacionalistas. Después del golpe petrolero comenzó el río de nuestros colaboradores para los programas de educación y salud, y cooperaron con la Revolución Bolivariana en uno de los más profundos y rápidos programas sociales que se haya llevado a cabo en algún país del Tercer Mundo.
Cito estos antecedentes porque son indispensables para enjuiciar la perfidia del imperialismo, y comprender el tema que abordo hoy: la claudicación y la traición a Cuba y Venezuela de quien fuera una conocida y relativamente prestigiosa multinacional europea: la transnacional holandesa Philips, especializada en la fabricación de equipos médicos.
Sobre el tema escribí una Reflexión hace dos años, el 14 de julio de 2007, pero no quise mencionar su nombre. Tenía todavía esperanza de que rectificara.
Habíamos cooperado con el pueblo de Venezuela para crear uno de los mejores sistemas de salud. Allí han prestado sus servicios decenas de miles de médicos especializados y otros profesionales cubanos de la salud. El presidente Hugo Chávez, satisfecho con el trabajo de los primeros contingentes que viajaron a Venezuela para laborar en Barrio Adentro –un programa destinado a llevar los servicios de salud a las zonas urbanas y agrícolas más pobres del país–, en una de sus visitas a Cuba nos solicitó la creación de un programa que pudiera beneficiar a todos los sectores de la población venezolana de clase pobre, media o rica. Surgieron así los Centros Diagnósticos de Alta Tecnología; estos complementarían la tarea de los 600 Centros de Diagnóstico Integral que, como policlínicos de amplios servicios, con sus laboratorios y equipos, apoyarían a los consultorios de Barrio Adentro. Un número elevado de centros de rehabilitación asumirían la humana tarea de enfrentar cualquier tipo de incapacidad física o motora.
En virtud de esa solicitud del Presidente, adquirimos los equipos pertinentes para 27 Centros Diagnósticos de Alta Tecnología, distribuidos en los 24 Estados venezolanos, tres de los cuales por su elevada población llevan dos de ellos.
Es norma nuestra contratar siempre el equipamiento médico con las firmas más prestigiosas y avanzadas a nivel mundial. Procuramos incluso que en los suministros de los equipos más complejos participen por lo menos dos de las firmas más especializadas.
De este modo, los equipos más sofisticados y costosos de imagenología, como el Tomógrafo Computarizado Multicorte, la Resonancia Nuclear Magnética, el Ultrasonido Diagnóstico y otros similares fueron adquiridos a la firma alemana Siemens y a la holandesa Philips. Ninguna de las dos produce desde luego todos los equipos, pero sí algunos de los más complejos y sofisticados. Ambas debían competir en calidad y precio. Adquirimos medios diagnóstico de las dos firmas para Venezuela y para Cuba, donde desarrollábamos un plan similar de servicios médicos, que en los años de pleno Período Especial había recibido muy pocos recursos.
En más de 10 especialidades diferentes adquirimos equipos de ambas firmas para los servicios de los dos países. No señalaré los de la firma alemana Siemens, que cumplió sus compromisos. Me limitaré a Philips; esta suministró equipos para 12 especialidades en las que compartió con la otra firma los más importantes y costosos: 15 Tomógrafos de 40 cortes, 28 de Resonancia Magnética Nuclear de 0,23 tesla, 8 Mesas Telecomando para Urología, 37 Ultrasonidos Diagnósticos 3D, 2 Angiógrafos de Neurología, 2 Angiógrafos de Cardiología, 2 Polígrafos, 1 Cámara Gamma de doble cabezal, 3 Cámaras Gamma de simple cabezal, 250 Rayos X móviles, 1 200 Monitores no invasivos y 2 000 Monitores Desfibriladores.
En total 3 553 equipos con un valor de 72 millones 762 mil 694 dólares.
Personalmente participé en las negociaciones de estas compras con las dos firmas.
Los precios discutidos equipo por equipo implicaban importantes reducciones de precio, puesto que se compraban al contado y en cantidades elevadas, uniendo los destinados a Cuba y Venezuela. De otra forma no podrían adquirirse con la urgencia que se requerían, especialmente en ese país, dadas las necesidades acumuladas en los sectores más pobres de su población total, que rebasaba ya los 27 millones de personas.
Estaban destinados los más complejos a los Centros de Alta Tecnología, los menos complejos y abundantes a los Centros Diagnósticos de Barrio Adentro, aunque no eran los únicos a utilizar en esos centros. Casi todos se adquirieron a principios del 2006.
Enfermé gravemente a fines de julio de ese año. La Philips suministró piezas hasta fines del 2006. En el 2007 se detuvo totalmente: ni una sola fue suministrada.
En el mes de marzo de ese año se envió una representación cubana a Brasil, donde estaba la sede de la oficina principal de la firma Philips para América Latina que negoció con Cuba. Comenzaron a explicar sus dificultades. El gobierno de Bush les había exigido la información pormenorizada de los equipos suministrados a Cuba por la firma, alegando que algunos de ellos contenían programas y en ocasiones componentes de patente yanki, y la Philips había entregado la información solicitada acerca de los adquiridos a esa firma para Cuba y Venezuela. Nunca había surgido con ella el menor problema.
El jefe de la Philips en Brasil le dijo textualmente a la representación cubana: “Hay una intransigencia brutal del Gobierno de Estados Unidos en relación a las regulaciones de equipos y las solicitudes de permisos con respecto a Cuba.”
“Yo sé que el problema afecta el plan del Comandante. Nuestra organización está afectada y amenazada. Todas nuestras organizaciones tienen mucho miedo”. De inmediato repite: “tienen mucho miedo”.
Añadieron finalmente que ellos querían cooperar y buscarían fórmulas.
A mediados de julio de 2007, en una llamada Conferencia de la Casa Blanca sobre las Américas, Bush, la Secretaria de Estado y otros líderes del Gobierno de Estados Unidos “hablaron hasta por los codos”, según anunciaba la AP, sobre educación y salud. Parecía irreal. Prometían repartir salud por América Latina.
Pusieron énfasis en el Confort, un viejo portaaviones convertido, según él, en “el mayor barco hospital del mundo”, que visitaría por 10 días cada país de este hemisferio al Sur de Estados Unidos. Ese era su programa de salud. Lo que no dijo es que estaba saboteando en Venezuela el programa de salud más serio que se había propuesto nunca en un país del Tercer Mundo.
A pesar de la coincidencia en fecha no quise abordar directamente en ese momento el problema de la Philips. Esta había prometido en marzo resolver el problema. Tenía todavía esperanza de que rectificara.
Me limité a escribir en esa misma Reflexión: “El problema es que Estados Unidos no puede hacer lo que hace Cuba. En cambio, presiona brutalmente a firmas productoras de excelentes equipos médicos suministrados a nuestro país, para impedir que repongan determinados programas computarizados o alguna pieza de repuesto que tienen patentes de Estados Unidos. Puedo citar casos concretos y el nombre de las firmas. Es repugnante…”
A pesar de la solemne promesa de la Philips a Cuba, transcurrió el resto del año 2007, los 12 meses del 2008 y casi la mitad del 2009 sin que una sola pieza de los equipos llegara de esa firma.
En junio de 2009, después de pagar una multa de 100 mil euros al Gobierno de Barack Obama, no muy apartado de las normas de su ilustre predecesor, la Philips se dignó comunicar que pronto suministrarían las piezas de sus equipos a Cuba.
Nadie en cambio ha resarcido a los cubanos, ni a los pacientes venezolanos de nuestros médicos de Barrio Adentro y de los que acuden a los Centros Diagnóstico de Alta Tecnología, por el daño humano ocasionado.
Como es lógico, no hemos adquirido un solo equipo más de la Philips desde la última compra a principios de 2006.
Por otro lado, hemos cooperado con Venezuela en la compra de cientos de millones de dólares de equipos médicos para su red nacional de salud, en un variado surtido de equipos sofisticados de alta tecnología procedentes de otras firmas europeas con prestigio, y también japonesas. Deseaba creer que esa firma haría un esfuerzo por cumplir.
Venezuela posee así en su red hospitalaria estatal modernísimos equipos; las más ricas clínicas privadas solo podrían adquirir algunos de ellos. Todo lo demás dependerá ahora de la eficiencia que el país pueda alcanzar en sus servicios. El Presidente de Venezuela está seriamente interesado en lograr ese objetivo. Estimo que haría muy bien si mitiga el hábito venezolano de adquirir equipos médicos norteamericanos, no por su calidad, que es buena, aunque con normas menos exigentes que las de Europa, sino por la entraña de la política de ese país, capaz de bloquear el suministro de piezas como hizo con Cuba.
Desde luego que a los Centros de Diagnóstico de Venezuela, los de Alta Tecnología y otros atendidos por nuestros médicos, hemos enviado equipos de marcas reconocidas en el mundo como las mejores en su especialidad como Siemens, Carl Zeiss, Drager, SMS, Schwind, Topcon, Nihon Kohden, Olympus y otras de Europa y Japón, algunas de las cuales se fundaron hace más de 100 años.
Ahora que la Patria de Bolívar, a la que Martí pidió servir, está más amenazada que nunca por el imperialismo, la organización, el trabajo y la eficiencia de nuestro esfuerzo deben ser mayores que nunca, y no solo en el sector de la salud, sino también en todos los campos de nuestra cooperación.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 6 de 2009
7 y 17 p.m.

Argentina: ¿Qué defendemos? ¿La libertad de prensa, o la de empresa?

La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar.

Por: Adolfo Pérez Esquivel*

Muchas veces las empresas van de contramano con la libertad de prensa y algunas son monopolios que controlan la información, ejercen la censura y buscan provocar reacciones y manipular la opinión pública para imponer sus intereses políticos a la sociedad.
Este mecanismo de concentración y contaminación de la información se realiza en nuestro país y a escala mundial. Se pretende confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa, y no son sinónimos. Los monopolios generan reacciones sociales como la de penalizar la pobreza y las protestas sociales, señalan a los jóvenes como responsables de todos los males que sufre la sociedad, y han desatado campañas para reclaman más ''seguridad'' contra los ''chicos de la calle'' y de las villas que, por ser pobres y de piel oscura, se les señala como delincuentes. Se pide bajar la edad de imputabilidad.
Esos medios informativos destilan violencia a través de sus programas y desinforman en lugar de informar, pero no preguntan a ninguno de esos chicos que viven en la calle y que son violentados y marginados de la sociedad, ''cuál es su seguridad''. Esos jóvenes son considerados no personas y los invisibilizan cuando les conviene a esos medios perversos.
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar.
Vemos que varios dirigentes políticos se rasgan las vestiduras cuando el Poder Ejecutivo presenta una nueva ley. Habría que preguntarles qué han hecho durante estos años, que no quisieron escuchar los reclamos en defensa de la libertad de prensa y miraron para otro lado y se cajonearon proyectos.
Todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha, no tuvieron voluntad política de solucionar y democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, de los recursos del país a los grandes capitales extranjeros; permitiendo el monopolio de los medios de comunicación y la concentración del poder en pocas manos. Lo mismo podemos decir de los dirigentes radicales y la Alianza.
Durante muchos años emisoras comunitarias como FARCO, y otros medios independientes, han trabajado para la sanción de la nueva ley de radiodifusión, a fin de alcanzar la libertad de prensa. La nueva Ley promoverá la regulación de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas y contempla desterrar los monopolios. Cualquier ley que se sancione y que no ponga fin a los monopolios existentes, terminará siendo más de lo mismo y una nueva frustración para el pueblo.
La Autoridad de Aplicación que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual, según la propuesta del gobierno, es un órgano colegiado del Estado. Es parcial y puede servir para la manipulación y control de los medios. El organismo debe ser integrado por representantes de la sociedad, eso generaría credibilidad y evitaría la presión de los lobby y la manipulación. Es fundamental que sea un ente autárquico y pluralista en su integración, con mandatos renovables.

La ley tiene muchos aspectos positivos, pero es necesario el debate y mejorarla con propuestas superadoras, que realmente puedan concretar la libertad de prensa, como fundamento de los derechos humanos, la libertad de informar y ser informado, por sobre los intereses imperante de los monopolios y oligopolios.
Hay quienes promueven, desde la oposición, que la ley debe ser sancionada después del 10 de diciembre, lo que llevaría al retraso y permanencia de la ley de la dictadura. El justificativo es que ''todo se hace apresurado y hay que esperar que asuman los legisladores electos''. Me pregunto: ¿los actuales legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, deben dejar de actuar en sus funciones y salir de vacaciones?
¿Tiene que esperar el país otros 25 años más para sancionar una nueva ley de medios de comunicación audiovisuales? Las empresas que controlan los medios seguirán presionando para continuar usufructuando sus intereses y embarrando la situación, para impedir que se sancione la nueva Ley.
El debate está abierto y es importante terminar con la contaminación mental y visual de los medios, la pobreza y la falta de nivel que impone la dominación cultural. La ley debe contemplar a los pueblos originarios para que puedan difundir sus valores, culturales e identidad. Siempre que se proponen leyes, los pueblos originarios no son tenidos en cuenta.
Es lamentable que los medios audiovisuales en manos de los poderosos, impongan el 97 por ciento de los programas. Son extranjeros, de pésima calidad, incentivan la violencia ignorando a los pensadores, artistas y valores de nuestro país y del continente latinoamericano. Basta tener presente la falta de programas de música, teatro, cine. El desconocimiento y desinterés, que como bien lo señalara Tito Cosa, de los que mandan, miran el país con mirada de sometidos y dominados.
El próximo año el país cumplirá 200 años y hay que pensar si somos un país libre y soberano, con pensamiento propio, o si a doscientos años seguimos siendo sometidos y dominados y colonia de las empresas transnacionales. Será difícil saber si vamos a celebrar o llorar. Creo que es importante reflexionar y saber dónde estamos parados. Comprender ese viejo proverbio que dice: ''Si no sabes a dónde vas, regresa para saber de donde vienes''
La nueva Ley de Servicios y Medios audiovisuales debe abrir espacios de libertad de expresión y valores que nos permita construir un nuevo amanecer de la Patria. Una palabra; una pertenencia y pensamiento olvidado, que debemos recuperar. La dominación no comienza por lo económico, comienza por lo cultural.

*Premio Nóbel de la Paz 1980.
Telesur

El fantasma hondureño acecha a Lugo

Por Carlos Rivera Lugo*
Claridad

Al cumplirse un año de su ascenso a la presidencia de Paraguay, Fernando Lugo ha decidido que ha llegado la hora para poner sobre el tapete el reto supremo de nuestros tiempos: la ampliación y radicalización de la democracia. A esos propósitos ha hecho un llamado para la profundización de la democracia, para hacerla realmente el gobierno de todo el pueblo, para todo el pueblo y, muy particularmente, por el pueblo.
Ya lo sentenció magistralmente el filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau, en su histórica obra El Contrato Social: “La soberanía no puede ser representada, por la misma razón por la que no puede ser enajenada. Consiste en la voluntad general, y la voluntad no se representa porque, o es ella misma, o es otra; en esto no hay término medio”. Más adelante abunda en una crítica a la llamada “democracia representativa” que el liberalismo burgués pretende endilgarnos a partir de su festinado juicio ideológico acerca de la incapacidad del pueblo para autogobernarse: “El pueblo inglés cree ser libre, y se engaña; porque tan sólo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento. Después de que éstos están elegidos, ya es esclavo, ya no es nada. El uso que hace de su libertad en los cortos momentos en que la posee, merece por cierto que la pierda".
Los tiempos dan testimonio de un cambio fundamental: la transfiguración de los sujetos y los procesos políticos. La política adviene crecientemente en un proceso decisional en donde el acto de decidir forcejea por constituirse en un acto común que supere los límites estrechos y limitantes de la llamada democracia representativa, sobre todo ante los inefectivos rituales fundados en el principio elitista de la representación y su incapacitación para realmente expresar la voluntad de la comunidad toda. La política de lo común desborda los marcos estreñidos del Estado burgués para ir potenciando progresivamente, desde las experiencias mismas de las luchas del pueblo, un nuevo Estado de hecho, una gobernanza consecuentemente insurgente, pluralista y revolucionaria centrada en el principio alternativo de la autodeterminación.
En estos días, el mandatario paraguayo emitió unas declaraciones que han sido tomadas como un emplazamiento a las fuerzas políticas de su país, tanto de derecha como de izquierda. En diversos encuentros que ha sostenido con campesinos, obreros y pobladores, ha escalado la apuesta política de su gobierno.
En las grandes decisiones del Estado -ha dicho Lugo- es imperativo que el pueblo participe y se pronuncie, dado que el voto no es el fin de la democracia sino el principio, respetando el pluralismo y las diferencias ideológicas para construir un sistema democrático de calidad, diferente a ese “maquillaje” característico de la llamada democracia representativa que sólo sirve para encubrir el predominio de la exclusión social en el país. En ese sentido, ha propuesto que se celebren regularmente consultas plebiscitarias al pueblo sobre aquellos asuntos que le atañen a partir de su condición de soberano, condición ésta que no puede entenderse nunca alienada en una sociedad verdaderamente democrática, como bien advirtió Rousseau.
“Las cúpulas partidarias deben bajar del pedestal para convivir y debatir política con la gente común. No admitimos como potable ninguna intención de defender el actual sistema partidario y democrático confrontando con la ciudadanía”, dijo recientemente Lugo en una de sus habituales informes semanales a la sociedad emitida desde el Palacio presidencial. Aseguró que el ciudadano o la ciudadana común no pueden tener como única forma de participación, “votar una vez cada cinco años en elecciones donde direcciones partidarias presentan listas predeterminadas por ellas mismas”.
Sostiene el Presidente que hay que rescatar la participación ciudadana del “abismo de las formulaciones - hasta ahora – vacías”. Puntualiza que no puede haber un sistema democrático legítimo, sin esa expresión concreta de la voluntad popular, de esa mayoría olvidada por la llamada democracia burguesa. Lugo propone en ese sentido que la Constitución actual sea ampliada para reconocer, con mayor detalle, un proceso de consultas a la ciudadanía, los movimientos sociales y demás expresiones de la sociedad civil organizada.
Lugo asegura que el debate para la profundización de la democracia en Paraguay apenas ha comenzado y que su gobierno tiene las puertas abiertas para dialogar, “toda vez que la ciudadanía forme parte del proyecto de la democracia paraguaya que pretendemos. Es nuestra única condición. Con la ciudadanía todo, sin ella, nada”.
El presidente paraguayo puntualiza que “no le teme a las diferencias ideológicas, ni tampoco a quienes fundieron el país”, y ha insistido en que “somos los paraguayos quienes tenemos que decidir qué clase de país queremos, qué tipo de Estado queremos y qué democracia queremos y tenemos que construir”.
En respuesta al llamado de Lugo, la oposición de derecha se ha montado en cólera y lo ha acusado de pretender violar el orden constitucional para sumarse a los procesos de refundación democrática que se han estado conduciendo en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Producto de ello, la oposición, que cuenta con la mayoría en el Congreso, consiguió que dicho cuerpo aprobase una declaración titulada “Compromiso Democrático” en la que reitera que la única democracia posible es la representativa, de paso rechazando toda posibilidad de una democracia en la que las decisiones se tomen con participación directa del pueblo.
La respuesta obstructora de la derecha ha sido la misma a través del primer año del gobierno de Lugo. Con escaso apoyo congresional –sólo cuenta con 3 senadores de un total de 48 y 2 diputados de un total de 80- el presidente paraguayo ha enfrentado una dura y permanente oposición a su agenda de cambio. Sin embargo, en días más recientes, en lo que algunos analistas asemejan al caso del presidente Manuel Zelaya en Honduras, la oposición ha empezado a arreciar una campaña para que, desde el Congreso, se proceda a ponerle fin al mandato constitucional de Lugo. Incluso, un reciente sondeo que ha circulado en el país del encuestador Enrique Chase, registra una popularidad del 40% para el mandatario, lo que le lleva a vaticinar un fin anticipado de su gobierno. “La percepción de la gente es que no terminará su mandato”, declaró Chase.
Entretanto, en abierto desafío a Lugo, el vicepresidente Federico Franco ha apoyado la declaración “democrática” de la oposición y ha asegurado que está “preparado para gobernar” ante los insistentes rumores de que Lugo no llegará el final de su mandato. En una acción propia de un escandaloso oportunismo político, Franco abandonó hace un tiempo la coalición gubernamental para sumarse a la oposición, en particular a UNACE, liderado por el ex general golpista Lino Oviedo.
Consciente de la analogía que sus enemigos pretenden establecer con el caso hondureño, Lugo ha declarado que no permitirá su desplazamiento: “Pueden hacer el juicio político...el pueblo me ha elegido de forma soberana y estamos convencidos de que no habrá interrupción del proceso democrático”. Insistió que su gobierno no será derrocado “como el de Honduras”.

*Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, Mayagüez, Puerto Rico.

Detrás del Plan Colombia

Por Matías Noli

Desde hace tiempo que los ojos de América Latina apuntan a Colombia, pero a partir de los últimos sucesos lo único que pueden observar es como se despliega silenciosamente la imagen de la amenaza: la Cancillería colombiana acaba de confirmar el principio de acuerdo para siete bases de Estados Unidos en el país.
Las consecuencias retumbaron mediáticamente en todo el continente y, como era de esperar, dispararon fuegos en todas las direcciones: Uribe no asistió a la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito; paralelamente se difundió un oportuno video donde el lider de las FARC hablaba de la supuesta entrega de 400 mil dólares para la campaña electoral de Rafael Correa; en tanto, los gobiernos de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil se pronunciaron con timidez acerca de las bases y decidieron respetar la soberanía colombiana; Perú, en cambio, respaldó la iniciativa con firmeza, mientras que Argentina y Bolivia expresaron una enérgica negativa; Chavez, con su tono habitual radicalizado, gritó que era inminente una ruptura de relaciones con Colombia y que prácticamente le estaban declarando la guerra a Venezuela. Más tarde, por el elevado nivel de tensión que se generó, se programó una sesión extraordinaria del Unasur en Bariloche, a la qué Uribe dijo que sí concurrirá, pero que eso no significará ninguna condición para su acuerdo con Estados Unidos.
Mientras Latinoamérica se divide a sí misma, en Colombia se sigue desarrollando, como desde hace diez años, un plan pensado en el norte, pero que lleva su nombre. El Plan Colombia nace en Washington en 1999, a mediados de la segunda era Clinton, como un proyecto que tenía, por un lado, el objetivo de ayudar militarmente al gobierno para controlar el sur del país y terminar con la guerrilla -las FARC-, y, fundamentalmente, erradicar el narcotráfico del país, que en ese momento era el mayor productor mundial de cocaína; y Estados Unidos, el mayor consumidor. Para la Casa Blanca de entonces Colombia atravesaba “una crisis Narcótica, militar y económica que debía resolverse”.
Hoy, a diez años del lanzamiento del plan y luego de que entre Estados Unidos y Colombia se invirtiera una cifra cercana a los diez mil millones de dólares, la situación es casi idéntica: Colombia sigue siendo el mayor proveedor del mundo de Cocaína, y Estados Unidos es el primer comprador. La diferencia sustancial es que la región se ha convertido en la zona más militarizada de Latinoamérica, con un presupuesto de seguridad que llega al 5 % su producto bruto interno, y donde el ejército norteamericamo se mueve con total libertad: moviliza oficialmente a 800 soldados y 600 civiles, y extraoficialmente a miles de mercenarios de origen extranjero que pertenecen a Sociedades Militares Privadas (SMP). Según el reciente acuerdo, a ese despliegue se le sumará la capacidad de operar en siete bases militares, tres aéreas y cuatro de inteligencia. La primera pregunta que surge es: ¿Por qué Estados Unidos pretende la extensión de un plan que no ha podido satisfacer en lo más mínimo sus objetivos iniciales de terminar con la droga y la guerrilla, sino que, por el contrario, se han sostenido? Las causas, como en todo proyecto imperial, se pueden desdoblar en dos dimensiones posibles que funcionan como interfases: la económica y la geopolítica.
El escritor argentino Leon Pomer, especialista en Historia Latinoaméricana, entiende que la lucha contra el narcotráfico es un formidable pretexto que esconde el posicionamiento del imperio norteamericano en la región: “Toda la experiencia histórica demuestra que las bases de Estados Unidos son bases de poder que pueden eventualmente ser utilizadas contra otros paises; la sola presencia de esas bases es un elemento de agresion”. Uno de los principales países blanco de esa agresión es Venezuela, que comparte 1800 kilómetros de frontera con Colombia. “Sumadas a las de Barbados, la de El Salvador y Honduras –continúa Pomer- las nuevas bases terminan de rodear a Chávez”. De hecho, todas las bases programadas en el acuerdo están en posiciones estratégicas: la de Palanquero, por ejemplo, en la que se invirtirán exclusivamente 46 millones de dólares, permite cubrir todo el área del pacífico y que las aeronaves que despeguen de allí lleguen a culaquier punto cardinal en menos de 15 minutos; o la de Malambo, ubicada a menos de veinte minutos de Caracas y siete de Maracay, la base más importante de Venezuela. El escritor y periodista venezolano Modesto Guerro resalta, en este sentido, que para Estados Unidos es de vital importancia aislar los componentes de la región rebeldes a su poderío: “Para el imeperio es importante que se mantenga contenidio el proceso revolucionario en Venezuela y que no se comunique con las FARC, que aún en su descomposición es una fuerza importante. Cuando los campesinos y los indígenas colombianos dejen de estar pasivos, y comience un proceso revolucionario, puede generar una conexión con Venezuela que es peligrosa.”
Otro de los factores estrictamente geopolíticos del Plan son los recursos naturales y enérgeticos. Para Guerrero “ningún imperio sobrevive sin recursos; para expendirse necesita crear extensiones, condiciones, bases necesarias”. Y una de sus necesidades es el petroleo. “En la Faja del Orinoco –subraya- está la más grande reserva del planeta, que ocupa un 76% del territorio de Venezuela y el resto de Colombia.” Pero ese no es el Único bien deseado. “También busca el agua y la biodiversidad, que significa la riqueza en animales y plantas, sobre todo la Amazonia, que es una fuente inagotable de vegetales terapeúticos que los nativos vienen utilzando hace siglos y que las compañías farmaceúticas lo convierten en pildoritas y lo comercializan por todo el mundo”, completa Pomer.
Hasta aquí las razones políticas y geopolíticas principales que se esconden detrás de una virtual invasión del suelo Latinoamericano por parte de Estados Unidos, en el marco del Plan Colombia. Fuero de eso, lo que existen son dos negocios multimillonarios: la droga y las armas.
El narcotráfico mueve en Estados Unidos alrededor de 200 mil millones de dólares al año, de los cuáles la mitad corresponde exclusivamente a la cocaína, que es en un 72% producida en Colombia. De cada 100 dólares que paga un consumidor final estaodounidense para comprar una cantidad x de la sustancia, 85 se quedan en los bancos del norte y sólo el 2% terminan en el campesino colombiano que la cultiva. Todo el Plan esta inutilmente enfocado en ese 2% que se queda en Colombia para que los esfuerzos no afecten en nada la estructura de la droga, sino que, como indica Guerrero, funcione como regulador de esa millonaria ganancia para Estados Unidos: “Esta interesado en controlar el narcotrafico, ésto es así desde que en los años sesenta se convirtiera en industria el negocio de la droga relacionado con la banca.” La ganancia se genera porque el precio de la cocaína sube desde que sale de Colombia hasta que llega a las calles de Nueva York: pasa por Panama, Guatemala y México, y su valor aumenta 55 veces. Entonces, el dominio de ese mercado se vuelve indispensable. Guerrero postula dos razones: “Como la cadena del negocio mudial de la droga comienza en las calles de Estados Unidos, para ellos hay dos problemas: primero, monopolizar ese flujo de dinero para asegurarse internamente y, en segundo lugar, impedir que el negocio del narcotrafico, como en los años treinta, le sirva a sectores militares de izquierda o a gobiernos de izquierda”. Así Norteamérica logra que queden 100 mil millones de dólares al año puertas adentro y fuera del alance de las fuerzas enemigas.
Por otra lado, el avance militar también tiene su costado ganancial en el negocio de las armas, un punto donde convergen los intereses del ejército colombiano con la fuerza del norte: la industria armamentística como tal necesita un reciclaje permanente del stock, de otra forma se devalúa. Ya que en América Latina no hay situaciones de guerra estable como ocurre en Medio Oriente o en África, se necesitan crear situaciones bélicas para que no disminuyan la tasa de producción, y por extensión la ganancia.“Esa industria no sólo la compone el aparato militar metálico que se manufactura en el norte, es esencialmente una cadena de servicios que incluye, entre otras cosas, el salario. El sueldo de un soldado colombiano es el doble o el triple de cualquier otro latinoamericano porque está en constante estado de guerra: gana 25 mil dolares al mes, cuando uno argentino, por ejemplo, cobra 890 dólares”, indica Guerrero, remarcando uno de los beneficios concretos de la clase militar colombiana.
Entonces, el narcotráfico y las armas funcionan a la vez como causa y como efecto, como problema y como solución, como justificadores de intervenciones militares y como fuentes de ganancias multimillonarias. Al controlar los diferentes polos de esos elementos, Estados Unidos se asegura un cuadro de situación que no sólo es redituable económicamente, sino que su continuidad supone, colateralmente, la posibilidad real de que Estados Unidos se instale en la región y tenga al alcance sus recursos naturales. La interrelación entre la lucha contra la droga y el posicionamiento geopolítico es tal, que en la misma semana que se firmó el principio de acuerdo de las siete bases militares para Estados Unidos, la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito anunció, con la fuerza de bombos y platillos, que los cultivos de coca en Colombia habían bajado un 18% en relación al 2007, cuando en realidad el decrecimiento no llegaba a cubrir el aumento del 27 % de ese año con respecto al 2006; y si se toman los últimos seis años, del 2003 a hoy, se encuentra una media de 85 mil hectáreas cultivadas, anulando una supuesta baja que no afecta en absoluta una gran estabilidad en el tiempo. Y justamente de eso se trata el Plan Colombia, de estabilidad: mientras se puedan sostener en el tiempo, el espacio, y en el imaginario del pueblo latinoamericano, la figura de la droga como un negocio perpetuamente combatido, y la guerrilla como una amenaza terrorista que es causa todos los males, quedará sellada una pantalla circular que encierra acciones imperiales; una falsa imagen, que silenciosamente se despliega por el continente.

Ley de servicios audiovisuales

La propuesta llegó al Parlamento

Observatorio de Medios de la UTPBA

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires –UTPBA- y su Observatorio de Medios Político, Social y Cultural, saludan y acompañan el envío del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al ámbito del Congreso Nacional.

En representación de la organización de los Periodistas, Trabajadores de Prensa y Comunicadores Sociales, Lidia Fagale, Secretaria General Adjunta y Responsable del Observatorio de Medios y Beatriz Chisleanschi, Secretaria de Organización, estuvieron presentes en el acto que encabezara en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

La lucha del conjunto de los periodistas y comunicadores sociales por reemplazar la ley 22.285 de la dictadura y las enmiendas que, en pleno proceso democrático, favorecieron la concentración monopólica de los Medios de Comunicación, data desde la apertura democrática, en 1983 y se mantuvo presente a lo largo de todos estos años.

Un paso más

Después de 28 años de reiterados reclamos y propuestas para regular la radio y la televisión en Argentina, finalmente,el 27 de agosto y, en coincidencia con la celebración del día de la radiodifusión, el Gobierno anunció la presentación al parlamento de la propuesta de ley de servicios audiovisuales que reemplaza al marco normativo impuesto por la dictadura militar (1976-1982).

El texto original presentado en la Ciudad de la Plata en marzo de este año –que fue acompañado por la UTPBA- tuvo alrededor de cincuenta modificaciones a instancias de las observaciones y señalamientos realizados por distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas, de derechos humanos, cooperativas, medios comunitarios, universitarios, entre otros, en el marco de los 24 foros realizados para su debate y auspiciados por 11 gobernaciones y 25 universidades nacionales.

Los cambios más trascendentes fueron los vinculados al período que establecía el proyecto original para la revisión de licencias cada dos años, la convivencia entre cooperativas de servicios públicos y distribuidoras de TV por cable de alcance local en el interior, así como el desembarco de las telefónicas a la comunicación audiovisual y la regulación para el triple play.

Se destacan, entre las propuestas, los cambios introducidos para ampliar y garantizar los derechos de los pueblos originarios, darle un alcance más federal a la Defensoría del Público y declarar el espectro radioeléctrico como un bien público.

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires que ha sido, entre otros, un actor fundamental en el reclamo, las propuestas y el marco conceptual desde donde había que concebir un nuevo marco regulatorio para el ámbito audiovisual nacional, no sólo da la bienvenida a la iniciativa, como lo hizo en otras oportunidades, sino que en nombre de la historia de lucha de miles de trabajadores de prensa y comunicadores a los que representa y de su coherencia histórica vuelve a decir, como siempre, "La Peor Opinión es el Silencio y la Peor actitud es la Indiferencia". Así como sostenemos que No hay Democracia Informativa sin Democracia Económica. Esa es la lucha hoy, la de ayer y la de siempre. Y este es un paso más.

Principales modificaciones al texto original de la propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

- Revisión de licencias. El artículo 38, en su redacción original, dispone que cada dos años se revisarán las licencias en poder de los adjudicatarios. La constatación bianual tendrá como único objetivo garantizar la pluralidad y limitar la concentración.
- Diferencias entre cableoperadores locales y cooperativas de servicios públicos. El artículo 23 excluye a las prestadoras de servicios públicos de la posibilidad de ofrecer comunicación audiovisual. En el artículo 25 se plantean las excepciones a esa regla. Se establece que las personas de existencia ideal sin fines de lucro, como las cooperativas, pueden dar esos servicios pero con una condición: antes deben solicitar un dictamen a la Comisión de Defensa de la Competencia, dado que las cooperativas no pueden quedarse con más del 35% del mercado.
- El triple play. La posibilidad de las telefónicas de brindar Internet, teléfono y cable en un mismo soporte, podrá ser viable si puede demostrar que el 70% de su capital es de origen argentino, entre otras exigencias.

Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La batalla contra los monopolios mediáticos en la Argentina ha recrudecido. Tras la fuerte jugada que realizara el Gobierno al generar la quita de exclusividad de transmisión del fútbol que ostentaba una de las empresas del grupo Clarín, la Presidenta Cristina Fernández realizó la presentación oficial del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante el Congreso Nacional.

La iniciativa claramente intenta redistribuir de una manera más equitativa el poder en cuanto a la capacidad de comunicación y expresión para los argentinos. A partir de esto, resulta más que evidente que los medios de comunicación privados han salido a desacreditar el proyecto (muy lejos de informar, claro), asociados con la oposición que tiene intereses directos y posesiones en los periódicos y emisoras.

En esta guerra de mentiras disparadas desde los canales de televisión, la radio, las revistas y periódicos, resulta imposible informarse. Ningún ciudadano sensato se atrevería a oponerse a la modificación de la ley vigente (escrita en la dictadura) si conociera mínimamente la esencia de la moción de reforma.

Por esto publicamos a continuación un cuadro comparativo, para ayudar al entendimiento general.

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Para quienes quieran descargar el proyecto completo aquí va un link de descarga directa:

Descargar Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

En la página ocho del texto figura un cuadro comparativo mucho más profundo para quienes estén aún más interesados.

Es urgente redistribuir la palabra

Por Sergio Peralta

Pocas veces, la República Argentina se ha visto atravesada, como lo está siendo hoy, por aires que tienden a desvirtuar la información o “en el mejor de los casos a callarla”. Los mal llamados medios de comunicación, son empresas económicas y financieras que usan a sus distintas patas elefantiásicas apoyadas en lo gráfico, lo radial, lo televisivo, lo digital, para fijar posiciones que tienen más que ver con los intereses empresariales que con la misión de informar.

Toman posiciones y modelan el relato de la gente de una manera tosca y descarada. La comunicación de las acciones públicas no tienen modo de llegar y dependen de los humores y de la trama de los multimedios. De esta forma el sujeto social se ve imposibilitado de defender los cambios que favorecen a sus intereses.

Pero para entender de alguna manera el proceso deberíamos darle una mirada al origen más reciente de la causa. Seguramente la punta del ovillo se pierde en los primeros pasos del país. Contarlo excede largamente el espacio de esta escritura y la paciencia del que lee esto.

La sociedad argentina se vio desbastada por la década del 90. Los diez años de Carlos Saúl Menem al frente del Ejecutivo Nacional llevaron al país al borde de la dependencia económica-financiera de las angurrientas empresas multinacionales. Claro está que sin el nefasto accionar de los militares y civiles genocidas que participaron del golpe de 1976 hubiese sido imposible llevar adelante la implantación del modelo neoliberal que se venía perfilando

Nos creímos en el primer mundo, en su discurso triunfante, el Gobierno hizo de la mente de no pocos argentinos una caja llena de especies de la India, los bolsillos llenos de galletas de Viena. El lomo a la pimienta era solamente lomo si la pimienta era de Cayena. Nunca hubo tantas zapatillas importadas, ni tantos perfumes franceses, ni tantos argentinos viajando por el mundo gastando los pesos que valían uno a uno con el dólar. Los medios masivos de comunicación alentaban la gran fiesta. Sus dueños pasaron a ser socios de empresas que nada tenía que ver con la información. Los periodistas estrellas, chupa medias del poder, viajaban en aviones privados, privados de toda ética profesional, privados de todo sentido de autocrítica. Claro, el banquete estaba servido y había muchas servilletas para ponerse al cuello. Nuevamente estábamos a la búsqueda de Trapalanda, la mítica ciudad de los Césares que los invasores coloniales soñaban encontrar en la inmensa Cordillera de Los Andes. El individualismo fue uno de los objetivos a cumplir, el plan necesitaba de gente sola, como objeto social, para aplicarse.

Con la debacle generada por el Presidente De La Rúa, la Argentina quedó en la calle. Nunca un apellido significó tanto una situación. Bajamos por un tobogán y nos vimos parados en Latinoamérica. Éramos nuevamente “sudacas”, adiós brillos. Claro que aquellos que tenían en su poder la pasta de pulir se quedaron con todo la que pudieron y más.

Cuando asumió Néstor Kirchner como presidente, había perdido con Carlos Saúl Menem, los argentinos habían vuelto a votar al artífice del país de cartón pintado. Es esta una clara muestra de cómo los medios asociados a quién los había favorecido anteriormente, trabajaron sistemáticamente para instalar en el imaginario colectivo la figura exitosa de “su candidato” y lograr que nuevamente se votara como consideraban favorable a sus “necesidades”. Menem, sabedor de que en segunda vuelta perdía decidió no presentarse.

La política llevada adelante, primero por Néstor Kirchner y luego profundizada por Cristina Fernández ha hecho que lo más rancio de la sociedad argentina se sienta molesta. Los intereses de la gauchocrasia tienen un sentido opuesto al del resto de la sociedad. Y es que han logrado sumar en su disputa a sectores que jamás pisaron una bosta de vaca.

En este contexto los medios de comunicación se sumaron a la coerción de los prepotentes “estancieros”. La lógica los obliga a sumarse, es que revuelto entre tetas de vacas, camiones llenos de soja y campos brillantes de trigo, viene peleando por salir una nueva Ley de Servicios Audiovisuales.

No es casual esta preocupación, el discurso del amo necesita de una voz, de unos ojos para poder imponerse. La legislación en materia de comunicación pertenece a la última dictadura militar, no solo es anacrónica por lo anticuada sino que es la expresión de un grupo cívico militar que definió el funcionamiento de todo el esquema comunicacional del país.

La voluntad política del gobierno de Cristina Fernández se vio expresada al presentar este año en un Teatro de la ciudad de La Plata el texto de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales. Posteriormente se han debatido en 22 foros de discusión a lo largo y ancho del país su contenido, se han hecho aportes que enriquecen esta Ley y ahora esperamos la presentación Legislativa.

Uno de los pilares del proyecto político actual es la redistribución de la riqueza. Para ser coherente con él es necesario redistribuir LA PALABRA. Es este el invento más útil y hermoso que el ser humano pudo generar.

Sergio Peralta - Alai