Carta abierta sobre la "ola de inseguridad"

En relación a los conductores televisivos argentinos y su mensaje acerca de la violencia en el país, el productor Carlos Rottemberg publicó una carta abierta que pone en evidencia con claridad la responsabilidad que cabe a quienes expresan, a través de los medios de comunicación, un discurso vacío, pero con el peso de convencimiento que imponen la radio y la tv. Amparados en la libertad de expresión (como una sicopateada pública), figuras del especáculo sin autoridad moral ni conocimiento profesional realizan discursos políticos que manipulan el pensamiento de un pueblo desinformado por los grupos empresarios dueños de la prensa.

Por Carlos Rottemberg

Señor Director:

En estas horas simultáneamente he oído a populares figuras de la televisión hacer comentarios sobre el tema inseguridad, mientras intentaba concentrarme en la lectura de ¡Qué desastre la TV!, un nuevo libro sobre el medio que lleva la firma de los periodistas Carlos Ulanovsky y Pablo Sirvén.

Si bien hay destacables realizaciones en el período que se describe (1999/2009), impresiona, con el ejemplar en la mano, la sucesión de títulos, horas de emisión y contenidos que ha volcado en estos 10 últimos años la televisión argentina apuntando a la degradación del ser humano en su faz intelectual, moral y cultural.

Una cosa es apelar a la memoria para acordarse de un programa y otra verlos en papel y todos juntos: no hay dudas de que, también desde la TV, demasiadas personas participamos, de manera directa o indirecta, para anidar valores subvertidos en las mentes de chicos de seis años, en 1999, sin posibilidades de contención.

Son los mismos que hoy son utilizados por otros adultos, a los 14 o 16 años, para fines delictivos.

No tiene objeto que se les responda a importantes comunicadores, que se han sabido ganar su espacio por prepotencia de trabajo y capacidad, desde la crítica por su pasar económico o por las marcas de los autos de que son propietarios, pero menos sentido tiene que esas mismas influyentes personalidades, con autoridad suficiente y horas de pantalla que utilizan para agigantar valores impertinentes, no se permitan mirar para sus adentros y reconocer que también colaboraron desde su labor para que estemos ubicados como país en el lugar que ahora desdeñan.

Carlos Rottemberg, DNI 12.975.479
redaccion@multiteatro.com.ar

Primer matrimonio gay en Argentina

En una resolución sin antecedentes an América Latina, una jueza declaró inconstitucionales los artículos del Código Civil que impiden el casamiento entre homosexuales y ordenó al Registro Civil de Buenos Aires que celebre el matrimonio de Alex Freyre y José María Di Bello.
El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, advirtió este sábado que al permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo "se busca la destrucción de la familia" a partir de "un fallo judicial deforme". Pero no todos los religiosos opinan igual. Aquí la palabra de un sacerdote africanista muestra que quienes siguen dogmas de "creencias primitivas" pueden sorprender a más de un prejuicioso con un pensamiento que resulta más evolucionado que el de las iglesias mayoritarias.

Las minorías y las mayorías

por Bàbálòrìsá Armando ti Yemoja

¿Es que siempre las mayorías deben tener la razón?
Soy sacerdote Africanista, una religión minoritaria comparada con la Católica Romana, y motiva esta reflexión el tema en el caldero sobre la oposición de la Iglesia al casamiento de parejas homosexuales en mi país, Argentina.
Los homosexuales, una de las tantas minorías, están luchando en todo el mundo por el reconocimiento de derechos que como seres humanos deberían tener y sin embargo les son negados. La convivencia con alguien del mismo sexo, debe poder "formalizarse" y "ser visible" para la sociedad ya que es un hecho. Como tal, los convivientes deben tener los mismos derechos que los convivientes de distinto sexo, me refiero a la posibilidad de "atención al familiar", "inclusión en la obra social", "derecho a pensión ante fallecimiento" en lo laboral, porque ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer que de antemano no son "familia" y luego por un "contrato" pasan a serlo y dos seres humanos del mismo sexo que por amor, como en el otro caso, conviven pero no se les permite "firmar ningún contrato" que los convierta en "familia"?
La Iglesia de Roma se opone rotundamente a que sean otorgados estos derechos a las parejas homosexuales, yo me pregunto... ¿Cuál es la autoridad de esta Iglesia en un mundo pluralista, lleno de diferencias creadas por el mismísimo Dios? ¿Sólo el Dios de esta Iglesia es el único y la interpretación de sus sacerdotes la única válida?
Mi fe reconoce la diferencia creada por Dios, y gracias a él por la diferencia ya que sin ella nuestro mundo sería uno de máquinas idénticas, predecibles y totalmente aburrido. Cada ser humano es único e irrepetible, sin embargo como seres humanos todos gozamos, o debemos gozar de los mismos derechos; otra cosa estaría en contra de la ley divina.
Las mayorías no siempre tienen la razón, lo que sucede es que no miran, no piensan en el otro, y olvidan el mayor mandato dado por Jesús, razón y motivo de la Iglesia Romana, "Ama a tu projimo como a ti mismo". Porque si no, ¿a que cristiano heterosexual con familia formada le gustaría padecer la falta de derechos al no poder incorporar a su esposa a la obra social, no poder cuidarla cuando enferma o llorarla en días de luto cuando fallece o mismo recibir la pensión a su fallecimiento? ¿Cómo puede haber "abogados cristianos" que se opongan a la igualdad de derechos? Bien sencillo, no se ponen en el lugar del otro y olvidan que "el otro" aunque diferente, aún es un ser humano y como tal "su hermano"

Derecho a opinar

Por Leandro Cid

Cuando el otro día escuché las declaraciones del conductor de tv Marcelo Tinelli sobre la inseguridad, un recuerdo vino a mi cabeza. Era un repaso lejano, pero claro. En esta remembranza el conductor de Bolívar estaba lejos de su futuro de musicales con jurados pero también se encontraba remoto de sus tiempos de “Bloopers y tiragomas”. Era el anfitrión de uno de los programas más vistos del país (cuándo condujo uno que no fuera popular?) y se presentaba ya como una de las figuras más importantes de la Argentina. Un País en el cual se vivían tiempos eleccionarios, por tercera vez consecutiva desde que quedo atrás el oscuro pasado de golpes militares, los argentinos podían elegir un presidente. Dentro de este contexto fue que, Tinelli recibió en su show la visita de uno de los mayores candidatos a triunfar en esa elección, él en ese momento presidente de la Nación y candidato del PJ, Carlos Menem. El hombre del peronismo que buscaba la reelección y José Bordon eran los principales aspirantes a llegar a la Rosada. Si bien es preciso decir que Menem figuraba adelante en las encuestas, ninguno de los especialistas se jugaban con sentenciar de antemano el triunfo menemista. La visita de Menem fue tomada con liviandad por el conductor, que elevo al presidente a un lugar de rockstar, y ocupó un rol pasivo y genuflexo para llevar delante la charla con el mandatario. Al poco tiempo el riojano lograría la reelección con un amplío margen, una diferencia impensada en las encuestas antes de la participación del candidato en el programa. En el aire quedo la sensación que la maniobra de ir a la TV, al lugar más representativo del pueblo fue vital en la victoria de Menem. Llegarían otros cuatro años donde el presidente continuaría con su forma de gobernar que abarcó vender todos los recursos del país, aumentar la deuda externa y cometer innumerables actos de corrupción, que dejó a la mitad del país al borde de la pobreza. Luego de retener este recuerdo y teniendo en cuenta que la pobreza y la desigualdad son los mayores incidentes en el factor inseguridad y Menem durante su gobierno fue las dos cosas que más potenció, no me quedó otra que preguntarme ¿No le importaba a Tinelli en ese momento la seguridad?. Es posible que el conductor en ese instante no se haya percatado del país que nos dejaría Menem. Pero con el tiempo, cualquier persona sensata se dio cuenta. Yo creo que Tinelli es una persona sensata, entonces digo; no sería oportuno de su parte aceptar que con o sin intención posibilitó que se afianzara un sistema que fabricó pobres y por consiguiente provocó la tan comentada inseguridad de nuestros días. Tener esa autocrítica situaría al conductor en otro lugar a la hora de hablar de ciertos temas, pero mientras siga esquivando este punto, es difícil pensar en una real preocupación de Tinelli sobre la seguridad y me sería complicado escapar de la presunción de que sólo se refiere al tema por motivos de rating.
Me dediqué a las declaraciones de Tinelli de forma exclusiva porque me parece el único de los famosos que habló del tema seguridad que no tiene un pensamiento golpista. Dejé de lado a Susana Giménez y a Mirta Legrand porque todavía recuerdo el apoyo al gobierno militar por parte de las divas. Si no les parece inseguro que desaparezca gente porque piensa distinto, o chicos que piden por un boleto estudiantil o monjas francesas, no les debe parecer inseguro nada. Que quede claro todos tienen derecho de opinar, pero hay que tener memoria.

Chile: ¿Dónde estaba el general?

Por Punto Final*

Polémico ha resultado el nombramiento del general Juan Miguel Fuente-Alba Poblete como nuevo comandante en jefe del ejército. Según la versión oficial, la presidenta de la República lo nombró después de un acucioso estudio de sus antecedentes. Descartarían toda implicación de Fuente-Alba en violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura militar, período durante el cual hizo casi toda su carrera militar.

Sin embargo, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, ha denunciado que Fuente-Alba Poblete, cuando era subteniente del Regimiento Calama, en octubre de 1973, estuvo involucrado en la masacre de prisioneros cometida por la Caravana de la Muerte que encabezaba el general Sergio Arellano Stark. Esas declaraciones las sostiene también el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez. El general Fuente-Alba señala que para la fecha del asesinato de 26 prisioneros políticos en Calama -el 19 de octubre de 1973-, él se encontraba en la mina de Chuquicamata, custodiando equipos de ese yacimiento cuprífero. Agrega que el actual juez instructor de la causa, Víctor Montiglio, ante el cual declaró en dos oportunidades en calidad de inculpado, lo dejó fuera de enjuiciamiento por no existir antecedentes en su contra.

El ministro Montiglio le extendió un certificado señalando que hasta ahora “no aparecen presunciones fundadas” para estimar que el oficial haya tenido participación como autor, cómplice o encubridor de la masacre. Existiría, por lo tanto, una virtual declaración de inocencia judicial. Sin embargo, hay tres declaraciones de militares que refutan a Fuente-Alba. Una es del brigadier (r) Pedro Espinoza, segundo jefe de la Dina, que tomó parte en la Caravana de la Muerte.

Su testimonio ha sido descalificado porque, se asegura, ha mentido varias veces. Una segunda declaración judicial es del teniente (r) Patricio Lapostol Arno. Sostiene que el subteniente Fuente-Alba estuvo presente en una tensa reunión que sostuvo en Calama con Marcelo Morén Brito, uno de los oficiales-verdugos de la Caravana de la Muerte. Morén habría reprochado a Lapostol la conducta de su padre, comandante del Regimiento Arica, que se negó a fusilar a unos prisioneros. La tercera declaración es del suboficial (r) Leopoldo Pérez Paredes en la causa por el desentierro de los cuerpos de los mártires (a fines de 1975) que fueron lanzados al mar. Esa operación la dirigió el teniente Miguel Trincado Araneda, llamado a retiro y sometido a proceso en diciembre de 2006, cuando -con el grado de general- se desempeñaba como comandante de la II División en la Región Metropolitana. Un documentado relato de estos antecedentes se encuentran en la nota del periodista Jorge Escalante en La Nación-Domingo (31/8/2008).

El caso del general Fuente-Alba induce a reflexión. Hay precedentes que indican que en materia de militares, asuntos que aparecían claros e indiscutibles, dejaron de serlo después. Ha sucedido con otros nombramientos de altos oficiales de las fuerzas armadas. Esto se relaciona con el “pacto de silencio” que rige entre los uniformados y que ha entorpecido la investigación de los crímenes de la dictadura. El hecho de haber sido Fuente-Alba un joven subteniente en 1973, no borra el hecho de que la mayor parte de su carrera militar transcurrió en el ejército comandado por Pinochet y su camarilla de asesinos y ladrones.

Fuente-Alba no pudo, al menos, dejar de tener noticias de los crímenes y atrocidades cometidos por sus camaradas de armas. Su silencio implica una evidente responsabilidad ética. Sin embargo, el mismo razonamiento debería aplicarse prácticamente a todos los mandos actuales del ejército, por lo menos hasta el grado de coronel, o incluso más abajo. Esta situación significa que en las fuerzas armadas existen elementos de peligrosidad latente que deberían ser afrontados con tacto pero también con firmeza, buscando formar una nueva mentalidad castrense que se inspire en valores democráticos y que permita a la sociedad avanzar sin amenazas hacia formas más profundas de igualdad y justicia social.

Es inquietante saber que Pinochet -con todos sus crímenes y enriquecimiento ilícito a cuestas- sigue siendo una figura emblemática y admirada en el ejército y en el conjunto de las fuerzas armadas. Esto sucede mientras el asesinato del ex comandante en jefe, general Carlos Prats González, y de su esposa, sigue impune.

Durante los 20 años de la democracia de baja intensidad que impera en Chile, las fuerzas armadas han sido intocables y son un tema tabú en el debate político. Ninguno de los candidatos presidenciales se ha atrevido a enfrentar el tema y a proponer una política que termine con privilegios, corruptelas y potenciales peligros antidemocráticos.

Las fuerzas armadas siguen siendo -tal como las dejó Pinochet- un estamento privilegiado de la sociedad, sometido a la doctrina de Seguridad Nacional levemente maquillada y repotenciada para la lucha “antiterrorista” que hoy propugna el Pentágono y que amenaza al continente desde las bases que instalará en Colombia.

Los privilegios de que gozan los militares chilenos son variados. Desde la discrecionalidad con que los altos mandos deciden la compra de armamentos (4.778 millones de dólares en 2008, según el Instituto de Investigaciones para la Paz, de Estocolmo) con los recursos que provienen de las ventas de cobre de Codelco, hasta sus regímenes especiales de previsión y salud. Aunque ese sistema previsional está quebrado, sigue funcionando gracias al aporte fiscal -pagado por todos los chilenos- a razón de más de 1.500 millones de dólares anuales. Los hospitales de cada rama de las fuerzas armadas y de Carabineros son los más modernos del país -como el nuevo Hospital Militar inaugurado en la comuna de La Reina-. Los uniformados gozan de todo tipo de asignaciones especiales que ya se las quisieran profesores y funcionarios públicos que gritan su pobreza en las calles. El Código de Justicia Militar les asegura una justicia propia que invariablemente los favorece.

Cada una de las ramas de las fuerzas armadas cuenta con patrimonio propio del que disponen como si lo hubieran adquirido con su trabajo y no gracias al financiamiento fiscal. El dispendio en el gasto militar facilita la corrupción, como se ha visto en el caso de los aviones Mirage y en la adquisición de los tanques Leopard. Los suicidios de conscriptos rara vez son investigados a fondo, y menos los crímenes como el de Pedro Soto Tapia o el del cabo Orlando Morales Pinto, este último para ocultar un desfalco en el Comando de Salud del ejército. Hizo falta la movilización y protesta para que el ejército se diera por enterado de los casos de radiación que afectaron a conscriptos que sirvieron en el centro nuclear de Lo Aguirre.

Tampoco se puede sostener razonablemente que las fuerzas armadas se hayan empleado a fondo para ayudar a la justicia en materia de violaciones de los derechos humanos. Esto alimenta las sospechas y suspicacias cuando se producen ascensos en los altos mandos. Con razón los ciudadanos se preguntan: ¿dónde estaba y qué hacía ese general o aquel almirante cuando la dictadura militar torturaba, asesinaba y hacía desaparecer prisioneros? ¿O es que los actuales comandantes en jefe fueron abnegados y pulcros oficiales, dedicados a su perfeccionamiento profesional y a la formación de contingentes en los cuarteles? ¿Fueron sólo oficiales de escritorios, polígonos y desfiles? ¿Nunca se enteraron de lo que hacían sus compañeros en la Dina, la CNI, la Dine, etc.?

Lamentablemente, el gobierno de la presidenta Bachelet, que por antecedentes familiares y profesionales pudo haber abordado con mayor autoridad el tema de las fuerzas armadas y su readecuación para servir a la Patria en democracia, ni siquiera intentó comenzar esa tarea que seguirá congelada durante el próximo gobierno, según nos prometen los candidatos que se disputan la Presidencia de la República.

*Editorial del quincenario político chileno Punto Final
www.surysur.net

Muros II

Por Juanjo Aguilera

Siempre es bueno celebrar, aunque las corporaciones se prendan al exitismo y aprovechen para hacer marketing.

Hoy se cumplen veinte años de la caída del Muro de Berlín, acontecimiento de simbolizó la reunificación de las dos Alemanias impunemente divididas en nombre de la pacificación.

Pero más que brindar por el recuerdo del fin de una etapa oscura, sería oportuno aprovechar esta fecha para reflexionar. La intención no es aguar la fiesta, sino utilizarla para que nuestra mente no quede estancada en maravillosas imágenes de conciertos y fuegos de artificio transmitidos por tv.

Existen muchos muros concretos que no vemos o no quieren que veamos. ¿Cuántos podríamos enumerar? El de Cisjordania, construido por el gobierno de Israel para cercar aún más a los palestinos; el de Estados Unidos al sur, para aislarse de hambre sudaca; los que aíslan villas, favelas y cantegriles en el sur de América para que la “gente” no vea la miseria de quienes no son “nadie”… ¿cuántos más seríamos capaces de recordar?

Si hasta la Muralla China es visitada por cientos de miles de turistas al año, sin que al menos alguien pueda abstraerse del espectáculo que propone la “maravilla arquitectónica” para pensar el verdadero significado de esa catastrófica construcción levantada por los intereses políticos de la antigüedad.

Nada puede hacer el ciudadano común en lo inmediato. Pero sí hoy mismo podemos comenzar a derribar otras paredes, esas que no vemos y levantamos día a día dentro de nosotros: los muros interiores.

Cada vez que nos apartamos de los demás levantamos muros. Cada vez que se discrimina al otro por negro, blanco, amarillo, pobre o la ridícula excusa que fuere, agregamos bloques y cemento. Ladrillos que no se ven pero que golpean duramente a todos y justifican el horror de los imperios. Cemento que fragua atrapando nuestros pies y nos hunde en el fondo del río, nos sumerge en la verdadera miseria humana.

Cada vez que nos plegamos a la desmemoria que proponen los poderosos agregamos arena y cal a la estructura perversa. Cada vez que nos dejamos manipular por intereses políticos y olvidamos todos los muros que hay por desarmar en el mundo agregamos una pieza al cerco.

Cuantas alambradas somos capaces de percibir en el infinito de nuestro inconciente.

Muros interiores, muros del dolor…

Hace veinte años cayó el Muro de Berlín, símbolo de la guerra fría entre los que querían dividirse el mundo. Es fecha de recuerdo, de conmemoración, celebremos entonces… una nueva oportunidad para derribar la infamia.

La Historia no contada de los Cinco Cubanos

Primera parte

Por Ricardo Alarcón de Quesada
Traducido por Geleny Ramos

I. Héroes prohibidos

“Tienes que correr todo lo que puedas para mantenerte en el mismo lugar.”

A través del espejo, Lewis Carroll ¿Se acuerdan de Elián? El caso de Elián González, un niño de seis años forzosamente retenido por desconocidos contra la voluntad de su padre y que en abierto desafío a la ley de los Estados Unidos y de la decencia, fue reportado ampliamente por los medios del mundo. El lugar del secuestro, Miami, se convirtió en un tipo de ciudad secesionista en Norte América, cuando el Alcalde, el jefe de la policía, los políticos, todos los periódicos y anunciadores de la radio y la televisión, junto a instituciones religiosas y empresariales, se unieron con algunos de los más notorios grupos violentos a las órdenes de los grupos terroristas y violentos para oponerse a la orden de los tribunales y del gobierno, que era liberar al niño. Fue necesario enviar un equipo de las fuerzas especiales desde Washington DC, que se lanzó en una operación subrepticia y rápida para ocupar varias casas, desarmar a individuos que estaban fuertemente armados y escondidos en el barrio, y salvar al niño y restaurar la ley. Todos siguieron la noticia. Día tras día. Pero casi nadie sabía que, al mismo tiempo, en exactamente el mismo lugar -Miami- otros cinco jóvenes cubanos fueron arbitrariamente desposeídos de su libertad y sujetos a una gran injusticia. Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos en las tempranas horas del sábado 12 de septiembre de 1998, y encarcelados por los próximos 17 meses en cárceles de castigo. En solitario. La acusación principal contra ellos, como fue reconocida por los fiscales y el juez desde que se levantó el acta hasta el último día del juicio, fue que ellos habían, pacíficamente, sin armas, penetrado los grupos terroristas anticubanos con el objetivo de informarle a Cuba sobre sus planes criminales. ¿Era concebible que algún revolucionario cubano tuviera un juicio justo en Miami al enfrentarse con este tipo de acusación? ¿Pudiera eso ser posible durante el secuestro de Elián, con el ambiente de violencia, odio y temor que lo rodeaba? De acuerdo con la Fiscalía, era perfectamente posible. En sus palabras, Miami es una “muy grande, diversa y heterogénea comunidad” capaz de tratar cualquier tema sensible, incluso los que involucran a la Revolución cubana. Los fiscales repitieron esa línea, cuando rechazaron más de diez mociones presentadas por los abogados defensores para cambiar la sede antes del comienzo del juicio. El mismo gobierno que se vio obligado a tratar a Miami como una especie de ciudad rebelde y a enviar secretamente fuerzas para restaurar la legalidad, mintió repetidas veces sobre el tema de la sede, negándole a los demandados el derecho tan respetado por los americanos, y se rehusó a mover el proceso a la ciudad vecina de Fort Lauderdale, a media hora de Miami. Irónicamente, unos pocos años después, en el 2002, cuando el gobierno fue demandado civilmente en un caso administrativo de mucha menos valía, posteriormente resuelto por un acuerdo fuera de la Corte, y solamente indirectamente relacionado con el caso Elián, el gobierno pidió un cambio de sede a Fort Lauderdale, afirmando que era imposible que cualquier cosa relacionada con Cuba pueda ser juzgado justamente en Miami (Ramírez vs. Ashcroft, 01-4835 Civ-Huck, June 25, 2002). Esta contradicción flagrante, prueba clara de una mala conducta de la Fiscalía, de prevaricación real, fue uno de los factores principales en los cuales se basó la decisión unánime del panel del Tribunal de Apelaciones, en 2005, para anular las condenas de los Cinco y ordenar un nuevo juicio. (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087). Esa histórica decisión fue posteriormente reversada por la mayoría del tribunal bajo presión del Fiscal General Alberto Gonzales en una acción contraria a la que supondría la práctica corriente del Derecho de los Estados Unidos. La movida exitosa del Sr. Gonzales, una manifestación de su filosofía legal peculiar, cerró la posibilidad de una resolución justa para este caso que hubiese honrado a los Estados Unidos. La decisión del panel, un documento sólido de 93 páginas que reseñaba hechos irrefutables sobre la guerra terrorista de medio siglo contra Cuba, sigue siendo un momento sobresaliente en la mejor trayectoria norteamericana y perdurará como un texto que analizarán con respeto académicos y estudiantes de Derecho. Pero eso es otro capítulo en la larga saga de los Cinco. En cuanto a Elián González, él está a punto de completar el preuniversitario y continúa atrayendo la atención de los medios extranjeros y los visitantes que van a Cárdenas, el precioso pueblo donde vive. Cuando ellos viajan hacia la casa de Elián, los sorprenden carteles que demandan la libertad de Cinco jóvenes que seguramente los visitantes no conocían hasta ese momento. En las palabras de Leonard Weinglass: “El juicio fue mantenido en secreto por los medios de prensa norteamericanos. Es inconcebible que el juicio más largo en los Estados Unidos hasta el momento en que este tuvo lugar fue cubierto solamente por la prensa local de Miami, particularmente cuando fueron llamados a testificar por la defensa generales y un almirante, así como un asesor de la Casa Blanca. ¿Dónde estaban los medios de prensa norteamericanos durante seis meses? No solo fue este el juicio más largo, sino también fue un caso que involucraba importantes asuntos de política exterior y terrorismo internacional. La pregunta se le debe hacer a los medios norteamericanos, que continúan negándose a cubrir un caso con tales violaciones de los derechos fundamentales, e incluso violaciones de los derechos humanos de los prisioneros.” (Respuesta de Leonard Weinglass, en el Foro organizado por www.antiterroristas.cu, el 12 de septiembre de 2003.) A Elián lo salvó el hecho de que los norteamericanos conocieron el caso y se involucraron para que la justicia triunfara. Los Cinco siguen presos -11 años el próximo septiembre- víctimas de una terrible injusticia, porque a los norteamericanos no se les permite conocerlos. Los Cinco son castigados cruelmente porque lucharon contra el terrorismo. Son héroes, pero son héroes prohibidos.

II. Justicia en el país de las maravillas

“¡Primero la sentencia… el veredicto después!” Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll Derrotado el tema del cambio la sede, el resultado del juicio de los Cinco ya estaba predeterminado. Siguió estrictamente la profecía de la Reina. Los medios norteamericanos jugaron un papel muy importante en dos direcciones. Fuera de Miami un silencio total; como muy hábilmente describió el abogado Leonard Weinglass, en contraste con el papel que jugaron en el Condado de Dade, ofreciendo ambos, medios y Corte, un show de impresionante disciplina. Los medio locales no solo cubrieron el caso intensamente, sino que intervinieron activamente en él, como si fueran parte de la Fiscalía. Los Cinco fueron condenados por los medios incluso antes de ser acusados. Muy temprano en la mañana del sábado 12 de septiembre de 1998, cada medio de comunicación en Miami hablaba sin parar acerca de la captura de unos “terrible” agentes cubanos, “dispuestos a destruir los EEUU” (la frase que la Fiscalía adoraba y repetiría una y otra vez durante todo el proceso). “Espías entre nosotros”, fue el titular esa mañana. Al mismo tiempo, a propósito, el jefe del FBI en Miami se encontraba con Lincoln Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen, representantes de la vieja banda de Batista en el Congreso. Una campaña de propaganda sin precedentes se lanzó contra cinco individuos que no podían defenderse, porque estaban completamente aislados del mundo exterior, día y noche, durante un año y medio, en lo que se conoce en la jerga de la prisión como “el hueco”. Un circo de los medios ha rodeado a los Cinco desde su detención hasta ahora. Pero solo en Miami. En el resto de los lugares de los EEUU la dura situación de los Cinco solo ha recibido silencio. El resto del país no conoce mucho del caso, y se le mantiene en la sombra, como si todo el mundo aceptara que Miami -esa “comunidad muy diversa, y extremadamente heterogénea”, según la descripción del Fiscal- perteneciera efectivamente a otro planeta. Esto podría haber sido una proposición razonable, si no fuera por algunos hechos vergonzosos que se han descubierto recientemente. Algunas de las personas de los medios involucradas en la campaña de Miami -”periodistas” y otros-fueron pagados por el gobierno de los EEUU, figuraban en sus nóminas como empleados de la máquina de propaganda anticubana de la radio y la televisión, que ha costado muchos cientos de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses. Sin saberlo, los estadounidenses se vieron obligados a ser muy generosos, de hecho. Hay una larga lista de “periodistas” de Miami que cubrieron el juicio completo de los Cinco, y, al mismo tiempo, recibían jugosos cheques federales (para conocer más del “trabajo” de estos periodistas consultar el sitio www.freethefive.org). La decisión de la Corte de Apelaciones en 2005 también brinda un buen resumen de la campaña propagandística, antes y durante el juicio. Esa fue una de las razones que llevó al panel a “invalidar las sentencias y ordenar un nuevo juicio”. Miami no era un lugar para tener siquiera presencia de la justicia. Como dijeron los jueces “la evidencia presentada [ante el Tribunal de Miami] respaldando las mociones para cambio de sede fue masiva”. (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087) Vamos a aclarar algo. Aquí no estamos hablando acerca de periodistas, en el sentido que pueden estar pensando los estadounidenses fuera de Miami. Nos estamos refiriendo a los “periodistas” de Miami, que es algo muy diferente. Su papel no era publicar las noticias, sino crear un clima que garantizara las condenas. Incluso convocaron manifestaciones públicas fuera de las oficinas donde se reunía la defensa y acosaron a los presuntos miembros del jurado durante la fase anterior al juicio. El tribunal en cuestión, mostró preocupación por la “enorme cantidad de solicitudes de vistas previas a los interrogatorios, aparentemente con el objetivo de informar a los oyentes, incluidos los posibles miembros del jurado, acerca de las preguntas antes de que el tribunal las hiciera”. Estamos hablando sobre un grupo de individuos que acosaron a los miembros del jurado, persiguiéndolos con cámaras, por las calles, filmando sus licencias de conducir y mostrándolas en televisión; los rastreaban hasta adentro del edificio de la Corte, por la puerta de la habitación del jurado, durante los siete meses completos que duraron los procedimientos del juicio, desde el primero hasta el último día. La jueza Leonard más de una vez protestó y suplicó al gobierno que detuviera una mascarada tan deplorable. Lo estuvo haciendo desde el comienzo del juicio, en varias ocasiones, y hasta el final. No fue escuchada. (Official transcripts of the trial, p. 22, 23, 111, 112, 625, 14644-14646). El gobierno no estaba interesado en celebrar un juicio justo. Durante el proceso de selección del jurado, la Fiscalía estaba ansiosa por excluir a la mayoría de los miembros afro-estadounidenses, así como excluyó a los tres individuos que no mostraron tener fuertes sentimientos anticastristas. Por esa fecha Elián González había sido rescatado, y permanecía en las mentes de los miembros del jurado. Uno de ellos dijo durante la vista previa de los testigos: “Me preocuparía por la reacción que podría haber…no quiero que sucedan reyertas ni nada parecido a los sucesos del caso de Elián”. O citando a otro: “Si quieren saber la verdad…yo estaría hecho un manojo de nervios, tendría miedo por mi propia seguridad si no regresara con un veredicto de acuerdo con los intereses de la comunidad cubana”. En medio de esa atmósfera de miedo comenzó el mayor juicio hasta el momento en la historia estadounidense, y el que los grandes medios “decidieron” ignorar.

III. El rostro de la impunidad

Como reconocieron cuando los entrevistaron para seleccionar el jurado, el secuestro de Elián González y sus consecuencias para la comunidad de Miami estaban muy presentes en las mentes de los escogidos como miembros del jurado en el juicio a los Cinco Cubanos. Un proceso que ocurrió solo unos meses después de que el niño de seis años fuera rescatado por los federales. Como toda la comunidad, ellos habían seguido los hechos relacionados con Elián. Hechos que saturaron las noticias. Las caras de los secuestradores, de sus promotores y seguidores, así como las de otros involucrados en el escándalo se hicieron muy familiares para los miembros del jurado. Las caras, y dos detalles del drama de Elián con un carácter único y una conexión directa con el proceso de los Cinco Cubanos. Primero, la desconcertante conducta de todos los funcionarios públicos de Miami, desde sus congresistas federales, el alcalde y los comisionados hasta los bomberos y los miembros de la fuerza policial, quienes abiertamente se negaron a obedecer la ley y no hicieron nada para ponerle fin al más publicitado caso de abuso infantil ocurrido alguna vez. Y, en segundo lugar, pero no por eso menos increíble, que nada le ocurrió a un grupo de individuos que de forma tan clara había violado la ley con el secuestro de un niño y la violencia y los disturbios que crearon en toda la ciudad cuando fue rescatado por el gobierno federal. Nadie fue procesado, arrestado, ni multado. Ninguna autoridad local fue destituida, sustituida, ni invitada a renunciar. El caso Elián demostró de qué modo la impunidad anticastrista reina en Miami. Cuando los miembros del jurados se sentaron por primera en la sala del tribunal para realizar su deber de ciudadanos ellos probablemente se asombraron. Ahí, en vivo, estaban las “celebridades de Miami” a las que ellos estaban tan acostumbrados a ver, día y noche, en la televisión local. Y estaban todos juntos, algunas veces sonriendo y abrazándose unos con otros, como viejos compinches. Los secuestradores y los encargados de “hacer cumplir la ley” en contubernio con los fiscales (esas valientes personas que nunca aparecieron cuando un pequeño niño estaba siendo molestado frente a los medios de prensa). Los miembros del jurado se pasaron siete meses en esa habitación mirando a, y siendo observados por las mismas personas tan familiares para ellos y que ahora se encontraban en el banco de los testigos, en el área del público o en la esquina de la prensa. Las mismas personas que ellos ahora encontraban frecuentemente en el parqueo, en la entrada del edificio de los tribunales y en los corredores. Algunos de vez en cuando vistiendo, orgullosamente, el atuendo que usaron durante su última incursión militar a Cuba. Los miembros del jurado los escucharon explicar en detalles sus hazañas criminales y diciendo una y otra vez que ellos no hablaban del pasado. Fue un extraño desfile de individuos que comparecieron ante una corte judicial, reconociendo sus acciones violentas contra Cuba. Acciones que planearon, prepararon y emprendieron desde su propio vecindario. Ahí, haciendo discursos, exigiendo el peor castigo, difamando y amenazando a los abogados de la defensa. La jueza hizo lo que pudo para tratar de preservar la calma y la dignidad. Ella realmente le ordenó al jurado, muchas veces, que no considerara ciertos comentarios inapropiados, pero eso simplemente no era suficiente para poder borrarle de la mente del jurado las consecuencias prejuiciosas y aterrorizadoras de esas declaraciones. Las consecuencias fueron obvias. La decisión del panel de la Corte de Apelaciones lo planteó en términos muy claros: “la evidencia sacó a relucir las actividades clandestinas no sólo de los acusados, sino también de varios grupos de exilados cubanos y de los campamentos paramilitares que continúaban operando en el área de Miami… La percepción de que estos grupos podían hacerle daño a los miembras del jurado que emitieran un veredicto desfavorable a sus puntos de vista, era palpable”. (Undécimo Circuito del Tribunal de Apelaciones, No. 01-17176, 03-11087) Pero eso no era todo. Después de ver y escuchar la abundante evidencia de los actos de terrorismo que los acusados habían tratado de impedir, el Gobierno logró defender a los terroristas al convencer al tribunal de que le quitara al jurado la posibilidad de exonerar a los Cinco con la defensa del derecho de necesidad que era la fundación legal de su defensa. El meollo del asunto es la necesidad que tiene Cuba de proteger a su pueblo de los intentos criminales de los terroristas que gozan de total impunidad en territorio de los EE.UU. La ley estadounidense es clara: si se actúa para prevenir un daño mayor, incluso si él/ella viola la ley en el proceso, estará exento de cualquier penalidad, porque la sociedad reconoce la necesidad, incluso los beneficios, de ejecutar esa acción. Los Estados Unidos, única superpotencia mundial, han interpretado este principio universal para justificar la legalidad de guerras en tierras lejanas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, rehúsan reconocerlo para cinco hombres desarmados, pacíficos, no violentos que, en nombre de un país pequeño, sin causarle daño a nadie, trataron de impedir las acciones ilegales de unos criminales que gozan el refugio y el apoyo en los EE.UU.. El gobierno de EE.UU., a través de los fiscales de Miami, fue aún más allá, hasta la última milla, para ayudar a los terroristas. Lo hicieron muy abiertamente, por escrito y con discursos apasionados que curiosamente no se consideran de interés periodístico. Eso sucedió en el 2001. Cuando los fiscales del Sur de la Sur y la oficina local del FBI estaban muy ocupados castigando duramente a los Cinco y ofreciéndole protección a “sus” terroristas, los criminales que ejecutaron el ataque del 11 de Septiembre se entrenaban, sin que los molestaran, y desde hacía bastante tiempo, en Miami. Por alguna razón prefirieron ese lugar.

La Historia no contada de los Cinco Cubanos

Segunda parte

Por Ricardo Alarcón de Quesada
Traducido por Geleny Ramos

IV. Inhabilitando a los Cinco

Las desproporcionadas condenas impuestas a los Cinco - Gerardo Hernández Nordelo (2 cadenas perpetuas mas 15 años), Ramón Labañino Salazar (1 cadena perpetua mas 18 años), Antonio Guerrero Rodríguez (1 cadena perpetua mas 10 años), Fernando González Llort (19 años), y René González Seheweret (15 años) - contrastan claramente con las que se han aplicado en años recientes en los EEUU a otras personas acusadas por practicar realmente el espionaje, a veces a escalas inusuales, e incluso en algunos casos vinculadas a acciones armadas violentas en contra de los EEUU. Ninguno de ellos fue condenado a cadena perpetua; todos recibieron sentencias inferiores a las de los Cinco cubanos, algunos ya incluso cumplieron sus sentencias y se encuentran en libertad, y otros, condenados por espionaje, les han sido retirados los cargos por la administración de Obama y han sido liberados. La naturaleza excesiva de las sentencias de los Cnco constituye una muestra de la motivación política vengativa de todo el juicio, como también lo son las condiciones de su encarcelamiento, incluyendo los muy severos obstáculos para las visitas familiares, que llegan al extremo de haber negado todo el tiempo las visas a las esposas de René y Gerardo. Sin embargo, hay un aspecto todavía más revelador que demuestra que el propósito del gobierno estadounidense era dar refugio y proteger a los terroristas anti-cubanos, para evitar que se descubrieran sus siniestros planes, convirtiéndose así en cómplice y encubridor de sus futuras atrocidades. Para la administración Bush, esto era tan importante o más, que los desproporcionados años de encarcelamiento. Esto fue lo que la fiscalía dijo, de manera vehemente y en términos bastante gráficos, cuando solicitó al Tribunal un castigo adicional: la “inhabilitación”. ¿Qué significa esto? En sus propias palabras, para el gobierno era esencial asegurar que estos 5 individuos, luego de cumplir sus condenas, nunca más pudieran hacer nada que pudiese afectar las actividades de los terroristas que operan en Miami bajo la protección del gobierno estadounidense. Para garantizar esto, los fiscales solicitaron, y el tribunal les concedió, disposiciones especiales en cada sentencia, asegurándose de que, luego de completar su período de encarcelamiento, incluso una o más cadenas perpetuas, los acusados queden imposibilitados de hacer aquello que los llevó a la cárcel. Gerardo, Ramón y Fernando nacieron en Cuba, y como extranjeros indeseables, una vez terminado su tiempo en prisión serán expulsados inmediatamente del territorio estadounidense. Esto fue específicamente incorporado en cada una de sus sentencias, incluida la de Gerardo, que luego de pasar en prisión 15 años de su segunda vida será inmediatamente deportado. (Transcripción de la Audiencia para las Sentencias ante la Honorable Joan A. Lenard, 12 de diciembre de 2001, página 93). René y Antonio planteaban un problema particular. Habiendo nacido en Chicago y Florida, respectivamente, ambos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y no pueden ser obligados a abandonar el país. Esto requirió de ideas más imaginativas y de una inspirada retórica por parte de los fiscales, que hicieron gala de ambas. Era necesaria una explicación más franca y precisa de la “inhabilitación”. Primero vino René, sentenciado “solo” a 15 años. Los fiscales expresaron sin rodeos su grave preocupación con la posibilidad de que un hombre todavía joven, fuera liberado y volviera a intentar hacer de nuevo lo que una vez hizo. El Tribunal, en atención a la preocupación del gobierno, añadió este peculiar requisito a la sentencia de René: “Como una condición especial adicional a la liberación supervisada se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado” (Transcripción de la Audiencia para las Sentencias ante la Honorable Joan A. Lenard, 12 de diciembre de 2001, páginas 45-46). Entonces llegó el turno de Antonio Guerrero, que ya había recibido una cadena perpetua más 10 años en prisión. Los fiscales tuvieron que emplear todos los recursos de su elocuencia. Para el gobierno la “inhabilitación” era de vital importancia. No podía correr riesgos, y cuando Antonio se enfrentó al Tribunal el 27 de diciembre de 2001, se le añadió a su sentencia, palabra por palabra, la misma “condición especial” impuesta previamente a René. Todo esto sucedió en diciembre de 2001, solo 3 meses después del horror del 11 de septiembre. Desde ese fatídico día, George W. Bush se hizo famoso exigiendo una guerra masiva contra los terroristas y contra cualquiera que les diera cualquier tipo de ayuda. Solo una cita de su reiterativo discurso: “Cualquier gobierno que apoye, proteja o refugie a terroristas será cómplice en el asesinato de inocentes, e igualmente culpable de crímenes terroristas”. Tenemos que tomarle la palabra a George W. Bush. P.D. En octubre de 2011 René González habrá cumplido su condena si la defensa no logra sacarlo antes. En cualquier caso, él estará bajo libertad supervisada durante la actual administración. ¿Intentará el presidente Obama “inhabilitarlo”? ¿Se le prohibirá a René hacer cualquier cosa que moleste a los terroristas donde “se sabe que están o frecuentan“?

V. Espías sin espiar

La primera acta acusatoria, en septiembre de 1998, inculpaba a los cinco cubanos de ser agentes de Cuba no registrados y de otras violaciones menores. El gobierno también acusó a tres de ellos -Gerardo, Ramón y Antonio- de “conspiración para cometer espionaje” (Cargo 2). La Fiscalía no acusó a ninguno de ellos de espionaje en sí por una razón muy simple: no existió nada semejante y por lo tanto nunca pudiera ser probado. Los fiscales fueron aún más lejos. En su declaración inicial advirtieron al jurado que no esperara que ellos revelaran ningún secreto ni nada por el estilo. Lo único que tenía que hacer la Fiscalía era “convencer” a los miembros del jurado que los acusados eran personas realmente malas capaces de concebir un intento de poner en peligro la Seguridad Nacional de los Estados Unidos en algún momento de un hipotético futuro. Y, argumentaron, que los acusados tenían que recibir el castigo más severo posible, porque eran unos tipos verdaderamente malos que perturbaban la paz y la tranquilidad de Miami. ¿Recuerdan a Elián? Para lograr ese objetivo los fiscales, a pesar de lo que su propia acusación decía, hicieron en el juicio declaraciones del tipo más violento, acusando a los Cinco de nada menos que tratar de “destruir a los Estados Unidos” y recordándoles a los atemorizados miembros del jurado que si no los condenaban estarían “traicionando a la comunidad”. Los medios de comunicación se encargaron del resto. Ellos siempre han presentado a los Cinco Cubanos como “espías”, o como personas acusadas de ser “espías”. Los medios realmente se excedieron en el cumplimiento de su tarea. Siguieron repitiendo la misma cantinela, incluso después de que la Corte de Apelaciones en banc concluyó unánimemente en septiembre de 2008 que no había pruebas de que los acusados hubieran “obtenido o transmitido información secreta” o de que hubieran dañado la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y por lo tanto decidió que las sentencias por el Cargo Dos (conspiración para cometer espionaje) eran erróneas, las anuló y decretó que Ramón y Antonio fueran resentenciados. (Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones, No. 01-17176, DC, Docket No. 98-00721-CR-JAL , páginas 70-81). Sin embargo, a pesar de reconocer que el mismo procedimiento debía aplicarse a Gerardo, en un increíble acto de discriminación judicial, el tribunal se negó a hacerlo aduciendo que una cadena perpetua ya estaba pesando en su contra. De hecho, era muy fácil darse cuenta de que en este caso no estaba involucrada ninguna información secreta o militar, y que la seguridad nacional de los EE.UU. nunca estuvo afectada. Eso fue lo que dijo el Pentágono, en un lenguaje claro y sencillo antes de que comenzara el juicio. Ese fue el testimonio, bajo juramento, del almirante retirado Eugene Carroll (transcripciones oficiales, páginas 8196-8301), del general de Ejército retirado Edward Breed Atkeson (Idem páginas 11049-11199), del general y ex comandante del Comando Sur Charles Elliot Wilhelm (Idem páginas 11491-11547), y del teniente general retirado de la Fuerza Aérea James R. Clapper (Idem páginas 13089-13235). Sus testimonios no fueron secretos, sino que fueron hechos voluntariamente en audiencia pública. Probablemente un desfile como ese, de distinguidos y condecorados jefes militares respaldando la inocencia de unos jóvenes revolucionarios cubanos, no había ocurrido anteriormente ante un tribunal de los Estados Unidos. Esto no fue noticia fuera de Miami, pero las transcripciones oficiales del juicio están ahí para el que quiera leerlas. Desde que los Cinco fueran condenados han tenido lugar otros casos, cuyos resultados contrastan claramente con el de ellos. Vamos a examinar muy brevemente algunos. Khaled Abdel-Latif Dumeisi, acusado de ser un agente no registrado del gobierno de Saddam Hussein. Fue condenado en abril de 2004, en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irak, a 3 años y 10 meses de prisión. Leandro Aragoncillo fue hallado culpable en julio de 2007 de transmitir información secreta de defensa nacional de los Estados Unidos (alrededor de 800 documentos clasificados) obtenidos desde su oficina en la Casa Blanca, donde trabajaba como asistente militar de los vicepresidentes Al Gore y Dick Cheney. El Sr. Aragoncillo fue condenado a 10 años de prisión, mientras que su co-conspirador, Michael Ray Aquino, recibió una sentencia de 6 años y 4 meses. Gregg W. Bergersen, un analista del Departamento de Defensa, fue hallado culpable en julio de 2008 de suministrar información de defensa nacional a personas no autorizadas a cambio de dinero y regalos, y fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión. Lawrence Anthony Franklin, un coronel de la reserva de la Fuerza Aérea de EE.UU., que trabajaba en el Departamento de Defensa, fue hallado culpable de entregar información clasificada y de defensa nacional, incluyendo secretos militares, a representantes de un gobierno extranjero y fue sentenciado a 12 años y 7 meses de prisión. Sin embargo, nunca entró a una prisión federal. Estaba en libertad mientras apelaba y en mayo pasado el Departamento de Justicia retiró los cargos que sustentaban su caso. Está de más decir que ninguno de los casos referidos anteriormente fue juzgado en el sur de la Florida, ni involucraba ningún intento de frustrar planes criminales. Los Cinco recibieron, en conjunto, cuatro cadenas perpetuas más 77 años. Ellos no trabajaban en la Casa Blanca, ni en el Pentágono, ni en el Departamento de Estado. Nunca tuvieron ni trataron de tener acceso a información secreta alguna. Pero hicieron algo imperdonable. Lucharon contra el terrorismo anticubano y lo hicieron en Miami.

VI. Acusación a la carta

Más de siete meses después de arrestar y encausar a los Cinco cubanos, el gobierno de los Estados Unidos presentó un nuevo cargo. Otra vez, el cargo era “conspiración”, pero esta vez para cometer homicidio en primer grado y, específicamente, contra uno de los Cinco, Gerardo Hernández Nordelo. La nueva causa se produjo después de una campaña publicitaria en Miami, impulsada activamente por “periodistas” en la nómina del Gobierno de los EE.UU., incluyendo reportes de reuniones en lugares públicos entre conocidos líderes del exilio cubano, los fiscales, y funcionarios del FBI, durante las cuales discutieron abiertamente sobre la acusación contra Gerardo. Se convirtió en una demanda clara de los grupos más violentos de la ciudad, y los medios noticiosos la convirtieron en un tema medular cotidiano. El Gobierno accedió al reclamo y presentó la nueva causa formalmente, con el nuevo elemento esencial añadido a los “crímenes” de Gerardo. Esta fue una concesión política a los terroristas anticubanos, que buscaban vengarse del derribo de dos avionetas (modelo O2 utilizados por la Fuerza Aérea de los EE.UU. primero en Vietnam y más tarde en las guerras de El Salvador) por la Fuerza Aérea cubana el 24 de febrero de 1996. Las avionetas habían sido utilizadas por miembros de un violento grupo de cubanos. El derribo, en el espacio aéreo cubano, había ocurrido dos años antes de que los Cinco fueran arrestados. Por cierto, el momento era muy sospechoso. Según la información divulgada por la fiscalía durante el juicio, el FBI había descubierto la verdadera naturaleza de la misión revolucionaria de Gerardo en Miami y ya lo estaba monitoreando y controlando sus comunicaciones con La Habana por lo menos un par de años antes del derribo de las avionetas. Si ese incidente fue el resultado de una “conspiración”, en la que Gerardo era un participante clave, ¿por qué no lo arrestaron en 1996? ¿Por qué ese asunto ni siquiera fue mencionado en septiembre de 1998 cuando detuvieron y encausaron a Gerardo? Las avionetas le pertenecían a un grupo liderado por José Basulto, un veterano agente de la CIA involucrado en muchas acciones de los paramilitares desde 1959, incluyendo la invasión de Playa Girón y una serie de atentados contra Fidel Castro. En los 20 meses anteriores al incidente, este grupo había penetrado al espacio aéreo cubano 25 veces, cada vez denunciado por el gobierno cubano. Después de tantos démarches diplomáticos, el Gobierno de los Estados Unidos quería aparentar sensibilidad. Inició una investigación sobre los vuelos, pidió la ayuda de Cuba sobre los detalles de las provocaciones anteriores, reconoció haberlas recibido y se las agradeció a Cuba. El 24 de febrero 1996 los procedimientos administrativos estaban aún pendientes, y posteriormente la Administración Federal de Aviación (FAA) privó a Basulto de su licencia de piloto y ya no volaría más (al menos no legalmente). Los provocadores habían proclamado abiertamente que seguirían haciendo los vuelos ilegales en el espacio aéreo de Cuba, e incluso declararon que la isla, que en ese momento sufría su peor crisis - peor en términos económicos, que la Gran Depresión, según un informe de Naciones Unidas- no era capaz de responder a sus incursiones ilegales. En enero, el Sr. Basulto trajo con él en el avión un equipo de televisión NBC de Miami, quien filmó y difundió cómo sobrevolaron el centro de La Habana lanzando propaganda y otros materiales. Cuba declaró públicamente que no toleraría tales provocaciones más, e hizo las notificaciones necesarias a todos las partes interesadas, incluyendo al Gobierno de los EE.UU., el Departamento de Estado y la FAA, quien a su vez le advirtió a Basulto y a su grupo de abstenerse de tales vuelos. La supuesta “conspiración” era en sí misma una estupidez monumental, incomprensible para cualquier mente racional. Se supone que el gobierno cubano había decidido provocar una guerra total con los Estados Unidos, una confrontación militar que, obviamente, habría dado lugar a un golpe terrible no sólo para el gobierno cubano, sino para toda la nación y su pueblo. En relación a cualquier delito, el móvil es siempre un factor clave. Decisivo. ¿Cuál pudiera haber sido el móvil de Cuba, para provocar un evento precisamente en ese momento, el más peligroso para la supervivencia de nuestro país sin aliados o amigos en un mundo y un continente bajo el pleno control de los Estados Unidos en 1996? Cuba hizo exactamente lo contrario. Denunció una por una, cada provocación a la FAA y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, la Institución de la familia de las Naciones Unidas que se ocupa de estas cuestiones) y envió decenas de notas diplomáticas al Departamento de Estado. Pero Cuba fue más allá. Hizo todo lo posible para llegar al más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, tratando de prevenir más incidentes. The New Yorker, en su edición de enero de 1998 dedicada a Cuba en ocasión de la visita del Papa, incluyó un artículo serio y con un relato bastante objetivo de estos esfuerzos cubanos. (Carl Naguin, “Annals of Diplomacy Backfire“, The New Yorker, 26 de enero de 1998,.) Sí, hubo una conspiración para provocar la tragedia del 24 de febrero de 1996. Pero fue única y exclusivamente los mismos grupos que en Miami han lanzado una campaña terrorista contra Cuba durante medio siglo. La misma pandilla que posteriormente secuestró a Elián González, de seis años de edad. Sucesos delictivos que siempre ejecutaron con impunidad.

VII. Sucedió en Miami

El Tribunal Federal de primera instancia del sur de la Florida no es un tribunal internacional, ni tampoco es un organismo de la ONU que tenga jurisdicción sobre asuntos que afectan las relaciones entre las naciones. Tiene una tarea muy específica, que consiste en determinar si un acusado en particular es o no culpable de un cargo concreto. Al darle instrucciones al jurado en el caso de Gerardo Hernández, el tribunal recordó el lenguaje de la Causa del Gobierno: “El Cargo 3 alega que el acusado Gerardo Hernández conspiró con otras personas para cometer homicidio, es decir, la matanza ilegal de seres humanos con malicia dolosa y con una intención premeditada en la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos.” (Transcripción del juicio ante el Honorable Joan A. Lenard, 4 de junio de 2001, páginas 14587 a 14.588) La jueza Lenard señaló que Gerardo: “Puede determinarse culpable de ese delito sólo si se les prueban todos los de los siguientes hechos sin alguna duda razonable. “Primero. Que las víctimas mencionadas en la acusación están muertos. “Segundo. Que el acusado causó la muerte de las víctimas con malicia dolosa. “Tercera. Que el demandado lo hizo con la intención premeditada. “Cuarta. De que el asesinato ocurrió dentro de la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos.” (Idem páginas 14598 a 14599) Ella elaboró aún más: “Matar con malicia dolosa quiere decir matar a otra persona a propósito e intencionalmente … Para establecer un delito de asesinato en primer grado, se requiere además prueba de una intención premeditada. La premeditación se asocia típicamente con el asesinato a sangre fría y requiere de un período de tiempo en el que el acusado lo piensa y delibera sobre el asunto antes de actuar. “Tendría que ser tiempo suficiente para que el asesino esté plenamente consciente de su intención de matar. Se le indica que el lugar del supuesto asesinato (como describe la Causa), si usted está seguro sin duda razonable alguno que el crimen ocurrió ahí, esté dentro de la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos.” (Idem páginas 14599 — 14600) El delito nunca ocurrió. Durante los siete meses del juicio, la fiscalía no presentó prueba alguna que implicara a Gerardo en el trágico suceso del 24 de febrero de 1996, ni tampoco podía demostrar, “más allá de una duda razonable”, el lugar exacto del incidente - algo que los expertos de la Oficina de Aeronáutica Civil Internacional (OACI) no habían podido determinar. Cabe señalar, sin embargo, que los radares de Cuba claramente demostraron que el derribo ocurrió muy adentro de nuestro territorio, que los únicos restos que econtraron fueron hallados muy cerca de las orillas de La Habana y que la Guarda Costa de EE.UU., al no encontrar nada en el área internacional, pidió el 25 de febrero oficialmente a través del Departamento de Estado permiso a Cuba para hacer una búsqueda dentro del área de nuestras aguas territoriales. Los medios noticiosos locales -los mismos “periodistas” a sueldo del gobierno quienes inventaron la acusación del Cargo 3- se pusieron nerviosos y hasta anunciaron inminente derrota. Unos pocos días anteriormente, en cuanto la jueza le avisó a las partes de sus instrucciones al jurado, los fiscales tomaron lo que ellos mismos describieron como “el paso sin precedentes de peticionarle” -al tribunal de apelaciones- “un writ (orden legal) de prohibición” porque “teniendo en cuenta la evidencia presentada durante el juicio, esto [las instrucciones al jurado] constituye un obstáculo insuperable para los Estados Unidos en este caso, y probablemente tendría como consecuencia el fracaso de la Causa en relación con este cargo.” (Emergency Petition for Writ of Prohibition, 30 de mayo de 2001, páginas 4 y 21) Después de haber reconocido nuevamente que la instrucción al jurado “le impone una barrera insuperable a esta fiscalía”, el gobierno le pidió al tribunal de apelaciones que tomara una urgente decisión: “Que le ordene al tribunal de primera instancia que le instruya al jurado que no es necesario que el jurado determine que el acusado Hernández o sus co-conspiradores del Tercer Cargo de la acusación acordaron que los asesinatos ocurrieron en la jurisdicción especial marítima y territorial de la Estados Unidos. “Que le prohíba al tribunal de primera instancia a darle al jurado un patrón de instrucciones sobre asesinato en primer grado y sobre el hecho de que el acusado Hernández haya conspirado para cometer un asesinato premeditado.” (Idem, página 39) El Tribunal de Apelaciones denegó la petición de emergencia y consecuentemente el juez de tribunal de primera instancia mantuvo las instrucciones anteriormente citadas. Algunos miembros del equipo de la defensa estaban ya felizmente celebrando una victoria que hasta la fiscalía había previsto. Sin embargo, los miembros del jurado tardaron unos pocos minutos, sin hacer pregunta alguna, en declarar a Gerardo culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado en la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos. Un “delito” que no cometió, y que los propios fiscales habían tratado desesperadamente de retirar. Eso ocurrió en Miami. En Miami, es normal secuestrar impunemente a un niño de seis años, ¿por qué pensar que sería tan difícil condenar a un joven por un “crimen” que nunca ocurrió?

Fuente original: CounterPunch - The Untold Story of the Cuban Five: Forbidden Heroes. Justice in Wonderland Fuente de esa traducción: Cubadebate I, II, III, IV, V, VI, VII Artículo original publicado entre el 11 de agosto y el 4 de septiembre de 2009 Sobre el autor: Ricardo Alarcón de Quesada es un Doctor en Filosofía y Letras, escritor y político cubano. Desde 1993 es el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba(ANPP), que es el máximo órgano legislativo del país. Geleny Ramos pertenece al equipo de Cubadebate, un partenario de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y la fuente.